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La moratoria concursal se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021

El impacto de la pandemia ha llevado al legislador a adoptar distintas medidas, entre ellas, dejar en suspenso el deber de concursar. Es decir, aquellas empresas que se encontrasen en situación de insolvencia (actual o inminente) no tenían la obligación de solicitar concurso de acreedores.

En un primer momento, esto sería mientras estuviese vigente el primer estado de alarma, sin embargo, se ha ido ampliando: hasta el 31 de diciembre de 2020, después hasta el 14 de marzo de 2021, y ahora, el Consejo de Ministros, ha aprobado el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo prorrogando la moratoria concursal hasta el día 31 de diciembre de 2021.

El fin de esta medida no es otro que poder dar plazo a las empresas de evitar tener que acudir al concurso de acreedores.

El Real Decreto establece que:

“La moratoria concursal proporcionará el marco adecuado para abordar el proceso de análisis y refuerzo de los balances y de restructuración financiera, en el curso de 2021, en paralelo con la modernización del marco concursal con ocasión de la transposición de la correspondiente Directiva. De esta manera, el conjunto de medidas contempladas en el Real Decreto-ley permitirá apoyar a las empresas con problemas de solvencia desde las situaciones más leves hasta las más severas, siempre con el objetivo de apoyar el mantenimiento de la actividad y el empleo”

 

Concretamente, la nueva prórroga supone:

  • Exención del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso.
  • La no admisión a trámite de las solicitudes de concurso que presenten los acreedores.
  • Ampliación del plazo para renegociar (acuerdos de refinanciación, acuerdos extrajudiciales de pago y convenios concursales).
  • Ampliación hasta el 31 de diciembre de 2021 las medidas procesales que agilizan los procesos (p. ej.: la tramitación preferente).

 

Objetivos:

  • Otorgar un periodo de abordaje de los procesos de reestructuración.
  • Favorecer la acción temprana y los acuerdos de reestructuración.
  • Evitar la destrucción de empleo y tejido productivo.

Debe recordarse, sin embargo, que la existencia de esta moratoria no exime al administrador de su responsabilidad de solicitar concurso voluntario ante la situación de insolvencia actual o inminente de la empresa.

Por tanto, la moratoria no supone la exoneración de una eventual culpabilidad del administrador social en caso de agravación de la insolvencia.

Lo recomendable es por ello que, si el administrador considera que la empresa está en una situación de insolvencia actual o inminente, y con el objetivo de evitar posibles responsabilidades, trace una estrategia de actuación y busque otras vías para la resolución de dicha situación como podría ser una refinanciación o una reestructuración de costes.

Elcarte&González 


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